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Operación “Apocalipsis”: un golpe histórico, pero la corrupción aún respira y no solo en las cárceles chilenas.

Por: Carlos Lizana Mardones 24 de enero del año 2026

“Operación Apocalipsis” fue un megaoperativo anticorrupción dentro de Gendarmería de Chile, ampliamente cubierto por la prensa en diciembre de 2025.

La operación reveló un ecosistema criminal consolidado dentro de las cárceles, donde funcionarios facilitaban el ingreso de bienes ilícitos (celulares, drogas, alcohol) y otorgaban favores a cambio de dinero.

  • El caso expuso la fragilidad institucional de Gendarmería, mostrando cómo la corrupción afectaba directamente la seguridad y el control penitenciario.
  • Fue calificado como el mayor golpe anticorrupción carcelario en la historia reciente de Chile.

Impacto judicial y político:

  • Las audiencias de formalización se realizaron en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, con más de 70 imputados.
  • El Ministerio Público busca penas ejemplares para desincentivar la corrupción en el sistema penitenciario.
  • El caso abrió un debate sobre la necesidad de reformas profundas en Gendarmería, incluyendo mayor fiscalización, mejores condiciones laborales y mecanismos de control más estrictos.

Lo esencial:

  • La Fiscalía Occidente lideró un operativo simultáneo en 7 regiones y 9 cárceles.
  • Se emitieron 77 órdenes de detención: 42 gendarmes y 35 civiles.
  • Se descubrió un mercado negro dentro de las cárceles, con tarifas que iban desde $400 mil por un celular hasta $15 mil por usar un baño para encuentros sexuales.
  • La investigación se centró en los recintos Santiago 1 y San Joaquín, aunque se extendió a otros penales.
  • En total, fueron formalizados 47 gendarmes y 23 civiles, convirtiéndose en uno de los mayores golpes contra la corrupción penitenciaria en Chile.

La Operación Apocalipsis no es un hecho aislado, sino un síntoma de un mal mucho más profundo: la falta de fiscalización sistemática en nuestras instituciones. Cuando los organismos públicos y privados operan sin control, la corrupción se instala como práctica cotidiana.

Chile ha visto cómo distintos sectores han sido golpeados por escándalos que erosionan la confianza ciudadana:

  • En Carabineros, el caso Pacogate (2017) reveló el desfalco de más de $28 mil millones en fondos públicos.
  • En el Ejército, el Milicogate (2014) expuso fraudes con la Ley Reservada del Cobre.
  • En el Poder Judicial, jueces y abogados han sido cuestionados por vínculos con redes de soborno.

En la política municipal, muchos alcaldes han enfrentado procesos por malversación de fondos o derechamente por robo.

  • En la PDI, incluso un ex director general fue condenado en 2025 por corrupción, mostrando que ni las policías investigativas están libres de este flagelo.
  • En la aviación militar, investigaciones de 2019 revelaron compras irregulares y sobreprecios en contratos internacionales.
    La lista es larga y dolorosa. Como sociedad, hemos normalizado titulares que antes nos habrían escandalizado: un carabinero liderando una banda criminal, un alcalde robando fondos municipales, un senador cuestionado por tráfico de influencias.
    Hoy, solo Bomberos de Chile conserva el sitial de confianza que alguna vez tuvieron nuestras policías y fuerzas armadas.

Será tiempo de que la sociedad chilena se haga una limpieza general, donde cada institución sea revisada desde dentro, para que volvamos a los niveles de confianza de antaño.”

El deber moral es ineludible: por los niños que son el futuro de Chile, debemos cambiar. No podemos seguir permitiendo pactos políticos que bloqueen investigaciones, ni aceptar que quienes lideran nuestras instituciones tengan pasados oscuros. El Fiscal Nacional debe ser intachable, lo mismo que cada carabinero, cada detective, cada juez y cada parlamentario.

La historia nos recuerda que incluso figuras como Augusto Pinochet terminaron con condenas civiles: en julio de 2025, su familia fue obligada a pagar más de US$16 millones por enriquecimiento ilícito. Y casos recientes, como el de la familia Lavín (2025), con procesos judiciales (Catty Barriga), que incluyen penas solicitadas de hasta 37 años de cárcel, muestran que la corrupción atraviesa generaciones y apellidos.

“En algún momento esto debe parar. Chile debe retomar la senda de la pulcridad, donde las instituciones funcionen de verdad y los funcionarios sean respetados.”

La Operación Apocalipsis es un recordatorio brutal: sin fiscalización, la corrupción se convierte en cultura. La tarea ahora es limpiar, reconstruir y devolverle a Chile la confianza que alguna vez nos permitió jactarnos de tener unas de las policías más correctas del mundo.

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